Desde que allá por el año 2011 entrara en contacto con varios afectados de lo que desde entonces hemos conocido como la “ trama de los bebés robados ”, no he parado de preguntarme cómo puede alguien negar ayuda a estas familias que protagonizan uno de los episodios más oscuros de nuestra historia.
Cuando uno se entrevista con una, dos, tres… y varias decenas de madres, escucha el desgarrador testimonio (a menudo, coincidente) de cómo, tras un parto de los de aquellos años, se le impedía ver a sus recién nacidos, que a menudo fallecían (supuestamente) de forma súbita y con unas malformaciones tan graves (también supuestamente) que, incluso, les privaban de cerrar su particular duelo, enterrando a sus hijos.
Quienes pudieron abrir una vía judicial se acabaron topando con los muros infranqueables de quienes aplican la Norma en su literalidad
En la mayoría de los casos que he tenido la oportunidad de conocer a fondo, esas madres jamás cerraron el duelo y han permanecido años expectantes, pensando que, de una u otra manera, les llegaría la oportunidad de encontrarse con sus hijos. Tristemente, muchos de los protagonistas de estas historias han fallecido y su suerte les ha impedido cerrar estos desgarradores episodios. Quienes sí pudieron, hace unos años, abrir una vía judicial para conocer –o intentarlo- toda la verdad de sus particulares historias, se acabaron topando con los muros infranqueables de quienes aplican la Norma en su literalidad y acaban archivando los casos y vedando esa última posibilidad a quienes lo han intentado todo por saber la verdad.
Bien es cierto que ha habido algún intento tanto desde el orden político –aunque tristemente tengo la impresión de que ha habido quien ha querido rentabilizar este asunto en votos- como del judicial –con algún Juez valiente que sí ha reconocido la permanencia de estos delitos mientras se siguen cometiendo (en el caso del Dr. Vela, por ejemplo, en que la Audiencia Provincial de Madrid ha sostenido que la falsedad documental en la partida de nacimiento permanece todavía y, por tanto, el delito se sigue cometiendo), pero la verdad es que la inmensa mayoría de los casos se han archivado tal y como han llegado a los juzgados, por la vía rápida: la prescripción.
Se trata de buscar a esos hijos y no tanto de buscar condenas
Resulta incomprensible para esas familias que el mero transcurso del tiempo les prive de conocer la verdad. Sin más. Y es que, en contra de lo que pudiera parecer, se trata de buscar a esos hijos, y no tanto de buscar condenas. Y es que la prescripción en estos delitos debe aplicarse de otra manera. En primer lugar, porque el delito se sigue cometiendo mientras no quede acreditado que el bebé robado conoce su verdadera identidad, y la inscripción en el Registro Civil (la falsedad documental) sea debidamente subsanada. Hablamos, entonces, de delitos permanentes, que según el artículo 132.1 del Código Penal no habrían prescrito.
Pero, además, hay que darse cuenta de que las pruebas de ADN –necesarias para verificar la similitud genética y certificar la falsedad de las afiliaciones- sólo se vienen realizando desde los años 90; y, por otro lado, es en 1999 cuando se reconoce por nuestro Tribunal Supremo el derecho a conocer los orígenes biológicos de una persona.
El silencio cómplice de la Administración, aunque cueste creerlo, es uno de los mayores obstáculos
Por todo ello es por lo que sostengo que un Estado de Derecho que se precie debe primar el apoyo a las víctimas de casos tan sangrantes como éstos, brindándoles todo el apoyo necesario, con medidas tan sencillas como facilitar el acceso a los expedientes clínicos, subvencionar las pruebas de ADN o facilitar el intercambio de información entre Administraciones. Este silencio cómplice de la Administración, aunque cueste creerlo, es uno de los mayores obstáculos.
Porque, no lo olvidemos, nos encontramos ante una trama de tráfico de bebés cuya existencia ya nadie cuestiona, que actuaba en todo el Estado español durante la segunda mitad del siglo XX y que, a mi entender, constituyen delitos de lesa humanidad (no sujetos a prescripción), según el Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional. Es una lástima que el desinterés y la falta de coraje de nuestros actuales políticos no haga nada para que así se recoja en nuestro Código Penal.
